El vicepresidente  general Óscar Naranjo habló este jueves de la preocupación del Gobierno Nacional por las recientes muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Dijo que se están desplegando medidas de alto nivel para proteger estas vidas en todo el territorio nacional y señaló que para muchos de ellos, las amenazas son consecuencia del éxito que está teniendo el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

“Vamos a afinar la coordinación interinstitucional en el territorio para que de manera permanente con el ‘Plan Victoria y Consolidación’ y el despliegue de la ‘Operación Orus’ estemos cada vez más cerca de estos líderes”, dijo el General.

Además aseguró que durante la reunión del Gabinete para el Posconflicto se decidió que haya coordinación con la Fiscalía para acelerar el esclarecimiento de estos asesinatos y llevar a la justicia a los victimarios. También iniciará un despliegue de alto nivel en las regiones, en busca de que los líderes reciban acompañamiento directo del Gobierno Nacional para proteger sus vidas.

“En los dos últimos meses, como resultado del impacto exitoso que empieza a tener el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todo el país, se han incrementado las amenazas. Unas provenientes del ELN, que se opone a la sustitución voluntaria, otras que surgen de las disidencias o de los grupos residuales de las Farc, que también quiere poner obstáculos a la sustitución, y en tercer lugar a las propias organizaciones narcotraficantes”, dijo Naranjo.

El Vicepresidente explicó que a estas organizaciones les preocupa ver que hoy hay 123 mil acuerdos de sustitución con familias en todo el país, de las cuales 54 mil ya han ingresado al programa. Actualmente este plan cuenta 16 mil hectáreas certificadas libres de coca por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Avances en ‘Obras por impuestos’

El vicepresidente Naranjo también se refirió al seguimiento que se hizo durante la reunión al programa de Obras por Impuestos, con el que se quiere llevar desarrollo en materia de infraestructura, salud, educación y energía.

“En la primera fase hay un interés notable del sector privado en esas áreas. Estas empresas han presentado ya una serie de proyectos que están siendo evaluados y que llevarán obras a esa Colombia profunda que padeció el conflicto”, concluyó Naranjo.